A propósito del informe 301: ¿Qué significa estar en esa lista?
Recientemente, la Oficina de Comercio del Gobierno de Estados Unidos (USTR) informó que Colombia está en la “lista prioritaria” porque no ha mostrado progresos significativos para implementar las obligaciones adquiridas en acuerdos comerciales en materia de propiedad intelectual.
IFARMA.- Desde hace varios años, Colombia se encuentra la “lista negra de países piratas” de la USTR. La diferencia es que con la reciente decisión, ahora Colombia está en la lista prioritaria porque, según la Oficina de Comercio del Gobierno, no ha mostrado progresos significativos en la implementación de obligaciones adquiridas en acuerdos comerciales en materia de propiedad intelectual.
La lista negra es un mecanismo de Estados Unidos que no tiene sustento en el marco jurídico internacional y que utiliza para a los países con los que tiene acuerdos comerciales vigentes. La lista se publica anualmente en lo que se denomina el Informe Especial 301 y en ella aparecen los países que, según la USTR, están incumpliendo los estándares de protección de la propiedad intelectual.
Carolina Botero, abogada experta en temas de Derecho de Autor y columnista del diario El Espectador, señala que las fuentes, la intención y el contenido del 301 son ilegítimos. "¿Dónde queda la soberanía estatal si EEUU decide solito que tiene la autoridad para pasar al tablero y acusar, lista en mano, a sus compañeros? USTR actúa unilateralmente, desconociendo el procedimiento acordado para resolver conflictos comerciales en la Organización Mundial de Comercio (OMC) que EE.UU impulsó en los 90 y es obligatorio". (Texto de su columna).
Distintas organizaciones de la sociedad civil de Colombia hacen seguimiento a este tema y han denunciado la ilegitimidad de esta medida.
Para IFARMA, Karisma, Misión Salud y Acción Internacional para la Salud esto representa una amenaza que Colombia debe ignorar ya que es un instrumento de matoneo que atiende esencialmente los intereses de las industrias de Estados Unidos.
Chile se encuentra en esta lista desde 2013 y sostiene que es una herramienta ilegítima. Incluso se percibe esta clasificación como un ataque directo contra el Gobierno Santos, que, junto con las presiones que están ocurriendo a propósito del ingreso a la OCDE, se junta también con las informaciones recientemente divulgadas por la DEA sobre el caso Santrich, bombardeando el proceso de paz.
¿Por qué Colombia sigue siendo parte de esta lista?
Supuestamente, se justifica la inclusión de Colombia en esta lista porque:
El país no ha implementado los compromisos que adquirió en el TLC firmado con Estados Unidos, en relación a una supuesta piratería en Internet (especialmente a través de celulares y en páginas web hospedadas en el país, y en espacios físicos como los San Andresitos y las zonas francas).
En el área de acceso a medicamentos, el país atentaría contra el sistema de innovación y de propiedad intelectual con el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo. La verdad es que de lo que se trata es de complementar el procedimiento de registro sanitario de nuevos medicamentos ante el INVIMA, con la fijación de un precio con base en la evaluación hecha por parte del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, con miras a proteger la sostenibilidad del sistema de salud.
¿Qué significa estar en la lista 301?
Colombia lleva años en esta lista negra, la novedad este año es que pasó de estar en una lista de países “bajo observación” a aumentar la “lista prioritaria” de países piratas. El obtener esta clasificación significa que Estados Unidos quiere presionar más para lograr medidas que beneficien a sus industrias.
La calificación no parece nada extraordinario, también son parte de este grupo China e India en Asia, Argentina, Chile y Venezuela en América Latina, e incluso un país desarrollado como Canadá.
Los acuerdos comerciales internacionales están convirtiéndose en importantes barreras para el desarrollo de políticas nacionales que combatan la desigualdad, no son neutrales y se discuten priorizando las agendas internacionales y no con base en las necesidades locales.
En el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE, la experiencia refleja cómo los países que desean entrar al “club de buenas prácticas” deben incurrir en malas prácticas, como reducir el acceso a medicamentos o pasar leyes de derecho de autor con procedimientos expeditos evitando un apropiado debate público, presionados de manera indebida por países miembros del “club”, concretamente Estados Unidos.
Colombia debe afirmar la ilegalidad del Informe Especial 301 y reafirmar como legítimas las acciones del país que han motivado su inclusión en el mismo, porque la construcción de leyes debe incluir un proceso amplio y público de participación ciudadana, y porque las acciones de interés público en materia de medicamentos cumplen el marco jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno. Es decir, el actuar del país debe verse simplemente como el ejercicio del principio de soberanía nacional.
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