Manejo irresponsable e ineficiente de los recursos del Sector Salud:

El caso de la hepatitis C en Colombia

Por Stefania Moreno Sánchez

La salud es uno de los derechos más importantes que tenemos como personas por la directa conexión que tiene con nuestra vida y el pleno disfrute de ella. Sin embargo, el sistema de salud colombiano es deficiente, con graves casos de corrupción, y con pocas garantías.

Un buen ejemplo lo encontramos en el manejo que se le ha dado a la hepatitis C en nuestro país, pues la falta de recursos y su deficiente manejo, y el difícil acceso al tratamiento de la población en zonas vulnerables y la incompetencia que por el momento ha mantenido el gobierno por un poco más de seis años, al dilatar y guardar silencio, son las causas que nos mantienen lejanos de cumplir con el objetivo de la OMS sobre la eliminación de la hepatitis C para 2030 y adicionalmente evidencia lo malo de nuestro sistema de salud.

En julio de 2021 El Espectador señaló que en el primer semestre del año 2021 se interpusieron alrededor de 30.164 recursos judiciales ante las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS) y demás actores en el sistema de salud, que en su gran mayoría reclaman por el acceso al sistema, debido a la negativa de medicamentos o tratamientos.

Según la Corte Constitucional, hay 216 tutelas relacionadas con la Hepatitis C que solicitan acceso al tratamiento debido a la negativa de las EPS. Una de las razones de esa negativa es la carencia de medicamento que es consecuencia de una falta de recursos para adquirir tratamientos, circunstancia que es un índice común de las tutelas al derecho de la salud contra las EPS.

Una causa que genera la falta de recursos y la falta de acceso a medicamentos es que somos percibidos como el país más corrupto en salud de América Latina, según el informe de la Universidad Nacional de Colombia del año 2020 realizado por Jairo Humberto Restrepo titulado “Corrupción en Salud: ¿existe una cura para la enfermedad?”, pues el sistema de salud tiene muchos intervinientes y esto genera demasiada burocracia, muchos contratos, diversas situaciones que terminan en robos y fraudes millonarios al sistema de salud, dejando a quienes si lo necesitan con las manos cruzadas, un dolor y un futuro incierto.

Lina Manrique y Javier Eslava, en su artículo “Auscultando la corrupción: definición y causas (2011)”, señalan: “El país ha perdido no solo el dinero que no se sabe dónde está, sino las vidas de los sujetos que no tuvieron acceso a los tratamientos oportunos o a las actividades de promoción y prevención, para evitar dichos desenlaces en salud”.

El estudio titulado “Macro-Corrupción y Cooptación Institucional en el departamento de Córdoba, Colombia” realizado por Luis J. Garay, Eduardo Salcedo y Daphne Álvarez en 2020 presenta un caso a resaltar: el conocido como el cartel del VIH en 2017 en el departamento de Córdoba, donde la EPS Comfacol recibió 33 mil millones mensuales del sistema de salud, recursos que supuestamente destinaba a la atención de pacientes con VIH, pacientes que ya habían fallecido, o que no estaban afiliados a esa EPS, o que no requerían del tratamiento. Se calculan unos 800 pacientes falsos, mientras que los verdaderos pacientes no recibían sus medicamentos ni el examen de carga viral.

Este caso es un ejemplo real donde se evidencia que los pacientes son los directos afectados por los desfalcos que generan los ricos para hacerse más ricos, defraudando el sistema de salud en el país.

Ahora sobre el difícil acceso, según el informe titulado “El costo económico y en salud pública de las oportunidades perdidas hasta 2021 en el tratamiento de la Hepatitis C, frente a los compromisos del país con los ODS y frente al Plan Nacional de Respuesta ante las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las Hepatitis B y C, Colombia 2018-2021” realizado por Fedesalud en 2021 para el seguimiento del Virus de Hepatitis C (VHC) en Colombia:

“Al primer requerimiento de información, del día primero de junio de 2021, tan sólo dos direcciones territoriales contestaron aportando la información. Al segundo requerimiento, del día 22 de junio, respondieron otros dos servicios de salud. Finalmente, Fedesalud debió insistir bajo el derecho de petición, en virtud del cual logró que ocho direcciones territoriales más dieran respuesta, hasta el día 6 de agosto, que sumadas a las anteriores constituyen un tercio de las 36 direcciones territoriales requeridas”.

La negativa de las entidades públicas a dar información deja mucho que desear. Esto nos hace pensar en el poco seguimiento que las EPS y entidades del Estado realizan sobre el VHC, dejando sin atención a los posibles pacientes que no pueden acceder a sus exámenes y tratamientos.

Este mismo informe mostró -de acuerdo con las entidades que si respondieron- que no hay articulación de un equipo que siga y lleve a cabo el plan de salud para la prevención y seguimiento del VHC; por ende, son pocas las actividades de participación social que se llevan a cabo para el fortalecimiento del diagnóstico, no hay suficientes diagnósticos por falta de laboratorios para realizar la prueba confirmatoria y falta información. No se tiene información precisa sobre el número de pacientes que iniciaron y terminaron tratamiento.

Para completar el mal panorama, el gobierno se ha hecho el de oídos sordos. Ya son más de seis años en los que diferentes ministros de salud y su gabinete han guardado silencio frente a la solicitud de Declaratoria de Interés Público para los medicamentos del tratamiento de la hepatitis C, dejando en espera a los pacientes que requieren el acceso al tratamiento, que se ve truncado por sus altos costos y difícil acceso.

Se evidencia que la gestión de la salud en Colombia es paupérrima, llena de huecos, desfalcos, desolación y tristeza. Existe una falla del servicio por la falta de control frente a la corrupción que se genera y una total ausencia por el silencio que guardan para declarar de interés público un medicamento ya sea por miedo de las represalias económicas de las grandes industrias extranjeras, por mantener una “diplomacia” o por una sencilla falta de interés. Esto repercute de forma negativa en los colombianos que necesitan de un sistema de salud eficiente, que los ayude en vez de perjudicar.

Esperamos que con la llegada de nuevo gabinete y cambios en el Congreso por las elecciones del 2022, se logre otro enfoque de las políticas anticorrupción, se genere más control, se deje de guardar silencio y tener miedo, y -sobre todo- se preocupen y propendan por la salud de los colombianos.