Por culpa de las patentes. El enorme costo de los medicamentos para la hepatitis C y la debilidad de

En un sector en crisis financiera, en el que el gobierno ha conseguido un acuerdo en torno a una ley de punto final, no es fácil entender que no se tome una decisión sobre los medicamentos para la hepatitis C. La ley de punto final tiene dos objetivos; detener el crecimiento del gasto en tecnologías No POS (Hoy No PBS) y saldar las cuentas atrasadas. Los medicamentos para la hepatitis C representan una gran oportunidad de reducir el gasto. Pero el Ministerio de Salud y el Gobierno, parecen empeñados en encontrar razones para demorar esa decisión ad infinitum.

Miremos con detenimiento las cifras de lo que el sistema de salud podría ahorrar. En julio de éste año, la OPS hizo saber que podía ofrecer una combinación genérica de sofosbuvir + daclatasvir a US $ 127, más o menos Col $ 432.000. En octubre de 2015 (cuatro años atrás), IFARMA solicitó una declaración de Interés Público (DIP) para los medicamentos para la hepatitis C.

En ése momento, la misma combinación se pagó a un precio promedio de Col $ 136.800.000. Un año después, el valor promedio había bajado a Col $ 112.000.000, de acuerdo con el documento de análisis que el Ministerio de Salud preparó para introducir la primera compra centralizada de medicamentos de alto costo. Y cuando se inicia la compra centralizada, esa combinación redujo su precio a cerca de 29 millones. Esos 29 millones se reducen a 13 en 2019 gracias a que la OPS negocia un precio bastante menor para una combinación de sofosbuvir+velpatasvir, terapéuticamente equivalente a la que hemos mencionado.

¿Por qué pagamos precios tan desproporcionadamente elevados?

çLa respuesta es simple. Porque esos medicamentos tienen patentes. No puede el sistema de salud adquirir genéricos. La solicitud de Declaración de Interés Público presentada por las organizaciones de la sociedad civil, justamente buscaba, y sigue buscando, que se permita la compra de genéricos.

Tomando en consideración que Colombia se ha comprometido con la eliminación de la hepatitis C para el 2030, y considerando que los pacientes que requieren tratamiento pueden ser aproximadamente 160.000 (estimaciones del Ministerio y la OPS) hagamos un rápido cálculo de los ahorros potenciales.

* Para 2019 la combinación utilizada corresponde a sofosbuvir+velpatasvir comprado a OPS a 13 millones de pesos

Uno podría decir entonces, que si no se hubiera presentado la solicitud, los ciudadanos hubiéramos debido pagar casi 22 billones de pesos por el compromiso de eliminación de la hepatitis C, a los precios de 2016. O casi 18 billones de pesos a los precios de 2017. O casi 5 billones a precios 2018 y cerca de 2 billones a precios 2019.

¿Qué tan pretencioso es atribuir a la solicitud de DIP esta progresiva reducción de los precios?

Siendo rigurosos, el paso de 22 a 18 billones podría haber sido el resultado de la preocupación de los actores del sistema, especialmente los pagadores, por buscar algo de racionalidad. Sin duda la solicitud jugó algún papel, pues puso bajo la lupa el brutal impacto sobre el sistema de salud de las patentes, en una patología infecciosa, transmisible y felizmente curable. Difícil pensar en algo de más interés público.

Pero la compra centralizada si fue la respuesta del Ministerio a la solicitud de la sociedad civil. Compra centralizada que debió enfrentar una oposición brutal de muchos actores del sistema de salud, que quizás nunca se hubiera concretado de no existir una solicitud de DIP. Así nos los hizo saber el propio Ministro Alejandro Gaviria, cuando insistimos en la solicitud en 2018 con un derecho de petición.

Es decir, que gracias a la solicitud y gracias a la compra centralizada, el país pudo reducir una expectativa de gasto de 18 billones, a tan solo 2 billones. En la práctica lo que estaba sucediendo, como sucedió en los países de la Unión Europea, es que el sistema de salud raciona. Es decir, retrasa el inicio del tratamiento y procura no diagnosticar. Al final hemos tenido muertes que hubieran sido evitables y vamos a tener algunas más por el retraso en la respuesta, como consecuencia del alto costo, que es consecuencia de las patentes.

Pero la situación de hoy sigue siendo inaceptable. El sistema de salud está pagando 13 millones por lo que podría pagar tan solo 420 mil pesos. Y si le apuntamos a cumplir los compromisos, para 2030 vamos a gastar 2 billones por lo que podríamos pagar tan solo 70 mil millones.

No son recursos del estado. Son recursos que pagan mensualmente los ciudadanos para la salud.