En el Ministerio de Salud: Despilfarro de recursos por el cambio de Ministro y del Director de medic

Declarar de Interés Público los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C se traduce en un ahorro aproximado de $17.000 millones, recursos que podrían destinarse a la atención en salud para COVID-19.

Bogotá (IFARMA).- Con el propósito de atender las consecuencias económicas del COVID-19, el Gobierno Nacional tramita ante el Fondo Monetario Internacional y la banca multilateral créditos por 14 mil millones de dólares (54,6 billones de pesos). A esta gestión se debe adicionar un préstamo por USD$250 millones que desembolsó el Banco Mundial el 31 de marzo para enfrentar la emergencia sanitaria. Entre tanto, los recursos que podrían aliviar el impacto de la pandemia se van por otras rutas. En las próximas semanas, cerca de $17.000 millones de pesos -que podrían destinarse a la atención en salud de las personas afectadas por el COVID 19- terminarán en las arcas de la industria farmacéutica, a través de la compra de medicamentos para tratar la hepatitis C. Hechos recientes hacen pensar que tiene más peso el proceso administrativo y los cambios burocráticos que el ahorro de los cada vez más escasos recursos en la emergencia nacional.

¿De qué me hablas viejo…? Actualmente, el Ministerio tramita una orden de compra para adquirir cerca de 1.000 tratamientos, gestión que adelantará la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El costo de cada tratamiento es de casi $18 millones de pesos a la tasa de cambio del día (US$4.500) y la transacción final llegaría a los $18.000 millones de pesos (US$4.5 millones). En 2019, la OPS ofreció un tratamiento genérico equivalente y precalificado por la Organización Mundial de la Salud, con un precio de $503.000 pesos (US$129), lo que representa un ahorro de más de $17.000.000 en la compra de cada tratamiento (US$4.371) y un ahorro de más de $17.000 millones de pesos. En Colombia, los medicamentos para la hepatitis C están patentados, razón por la cual no puede acceder a la oferta de OPS. No obstante, el Ministerio tiene una solución a la mano: declarar de interés público esos medicamentos, solicitud que la Fundación IFARMA presentó ante ese despacho en 2015 y que aún no tiene respuesta. Después de 4 años y medio solamente hace falta que el Comité Interinstitucional que ya fue integrado, revise el informe final y dé su veredicto, paso que no se ha dado por el reciente nombramiento del ministro y los correspondientes cambios de funcionarios en esa cartera. Declarar de interés público esos medicamentos permitirá adquirir los mil tratamientos con un costo mucho menor, liberando recursos que podrán dirigirse a la actual emergencia sanitaria. En este sentido, el 13 de abril el Comité de Veeduría Ciudadana y Cooperación en Salud (CVCS) envió una carta al Ministro de Salud, Fernando Ruíz Gómez, y a la Directora de ADRES, Diana Isabel Cárdenas, llamando su atención sobre esta posibilidad que tendrá triple beneficio: para el Sistema de Salud, para las personas que requieren tratamiento de hepatitis C y para quienes necesitan atención en salud por COVID-19. Es una obligación del Estado velar por el mejor manejo de los recursos de la salud y no pareciera que estemos en tiempos de semejante despilfarro. Que el Ministro sea nuevo o que se hayan cambiado algunos funcionarios no puede ser excusa.